El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha rechazado enfáticamente la propuesta de reformar el Estatuto regional de Autonomía para incrementar el número de diputados en el Parlamento regional. En su lugar, Bellido aboga por la introducción de mecanismos precisos en la reforma estatutaria, como la posibilidad de que el gobierno regional pueda pronunciarse sobre los decretos ley. Bellido ha enfatizado la importancia de que la reforma sea llevada a cabo con el máximo consenso tanto en Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados, o si es posible, con el consenso de los partidos mayoritarios tanto en Castilla-La Mancha como en la Cámara baja.
Es cierto que Castilla-La Mancha es la región con menor cantidad de diputados, pero Bellido considera que esta no es la cuestión más importante en la reforma estatutaria. Más bien, la reforma debería centrarse en la mejora de la actividad del Parlamento y la prestación de servicios a la comunidad. El mandatario también ha recomendado la introducción de mecanismos de tercera generación en el Estatuto, como la posibilidad de que el gobierno lleve a cabo decretos-ley para una mayor agilidad.
Otro punto crucial que Bellido ha destacado es el equilibrio de los derechos sociales, especialmente en relación a la sanidad, la educación y las políticas sociales. El presidente ha enfatizado la necesidad de blindar estos derechos y asegurar que nunca sean suprimidos, tal y como ocurrió en la época de Cospedal.
En cuanto al agua, Bellido ha señalado que la aprobación del pacto por el agua y de los planes de cuenca esta legislatura hacen que la reforma del Estatuto sea menos necesaria. Sin embargo, el mandatario ha instado a todos los castellano-manchegos a unirse en este sentido para establecer una clara defensa del agua para los usos más imprescindibles, como el abastecimiento humano y los usos económicos, industriales y ganaderos.
Por último, en un intento por evitar confusiones, Bellido ha afirmado que sería necesario realizar algunos ajustes en el reglamento para que la política nacional no se convierta en una réplica del Congreso y el Senado. Esto permitiría a los diputados cumplir con sus obligaciones en el Parlamento.