El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha jugado un papel crucial en la creación de un nuevo decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta iniciativa busca fortalecer el apoyo técnico a las entidades locales, especialmente aquellas más pequeñas, sin reemplazar las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
El decreto, aprobado recientemente y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece el marco legal para estas entidades en línea con la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Las entidades colaboradoras podrán actuar en áreas como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, señaló que el objetivo principal de esta normativa es mejorar la capacidad técnica de las administraciones, especialmente en zonas rurales, mediante una colaboración efectiva con entidades especializadas. Explicó que es un modelo público-privado donde estas entidades ofrecen apoyo técnico, optimizando procesos y mejorando la calidad técnica de los expedientes.
El decreto aclara que las entidades colaboradoras se limitarán a elaborar informes, certificaciones y asistencia técnica, sin sustituir las competencias de la Administración. Santiago afirmó que esto no implica una dejación del principio de autoridad, sino que las entidades colaborarán sin reemplazar el control y supervisión de la Administración.
Inicialmente, el ámbito del urbanismo será el primero en beneficiarse de esta regulación, aunque se extenderá a otros sectores como gestión forestal, calidad ambiental, economía circular y promoción empresarial. Desde COSITAL se considera que esta normativa es una oportunidad para potenciar la gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, especialmente para los más pequeños con administraciones limitadas.
«Cualquier medida que fortalezca la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenida. Lo importante es que los municipios tengan más herramientas para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, manteniendo garantías, control administrativo y seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
