El Consejo Nacional de Agua avala los nuevos planes de cuenca que incluyen con una menor asignación de recursos hídricos

El pleno del Consejo Nacional del Agua ha avalado los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027, con una inversión prevista de 22.926 millones de euros para ejecutar las más de 7.000 medidas previstas, y que plantean una reducción en las asignaciones de agua para el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias.

En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que el Consejo Nacional del Agua ha sometido a informe los Planes Hidrológicos del tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo, «dos herramientas clave para la gestión del agua en España», destaca el MITECO. Este procedimiento constituye el paso previo a la presentación de estos documentos en el Consejo de Estado y, finalmente, ante el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de final de año, cuando se deberá remitir a Bruselas.

El nuevo ciclo de planificación se centrará, ha explicado el Ministerio, en «la adaptación al cambio climático y las mejoras que se han incorporado en este nuevo reglamento» y que «buscan incluir esta variable en la planificación hidrológica y garantizar la unidad y coherencia normativa en todo el territorio».

Según ha justificado el departamento liderado por Teresa Ribera, las alteraciones del régimen hídrico que se producirán a medio y largo plazo en España, según las previsiones, «se traducirán en una importante reducción de los recursos hídricos y en un incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como sequías e inundaciones».

Para el MITECO, los planes hidrológicos definen «unos caudales ecológicos más ambiciosos que aseguran la protección de las aguas y adoptan medidas para reducir las presiones que soportan, actuando sobre las extracciones de agua irregulares, la contaminación o la presencia de especies invasoras», además de definirse «caudales ecológicos a todas las masas de agua».

Por ello, «en el marco de adaptación al cambio climático», los planes del tercer ciclo plantean «un cambio de tendencia respecto a la utilización de los recursos hídricos.» En concreto, recalca el Ministerio, «se reducen las asignaciones de agua», que para el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias supone pasar de los 28.000 hm3/año, que figuraban en los planes del segundo ciclo, a 26.800 hm3/año.

Además, los planes del tercer ciclo pretenden impulsar acciones como la mejora del saneamiento y la depuración, «que permitirán subsanar los retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de las aguas residuales urbanas», explica el Ministerio. Al mismo tiempo, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, en línea con la aprobación el pasado mes de enero del Real Decreto sobre protección de las aguas contra esta contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

En este punto, el Ministerio ha hecho hincapié en que los nuevos planes hidrológicos «dotan de mayor protagonismo» a la desalación y a la reutilización, «para mejorar las garantías de suministro y conseguir equilibrar las demandas y los requerimientos medioambientales».

GESTIONES DE LA INUNDACIÓN

Por su parte, los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación, en coordinación con los Planes Hidrológicos, buscan potenciar «las soluciones basadas en la naturaleza, la ejecución de medidas de restauración que incrementen el espacio fluvial y la protección de los hábitats y especies».

En colaboración con las autoridades de protección civil, se ha mejorado la identificación de elementos de riesgo para ofrecer una información en los mapas de riesgo de inundación «más precisa y ajustada» a las necesidades de la gestión de las emergencias. Así, s han sacado a la luz datos relevantes como el hecho de que en las cuencas intercomunitarias residen cerca de 2,7 millones de personas en zonas inundables y que existen más de 5.600 edificaciones de alta vulnerabilidad.

Así, durante su intervención, Ribera ha expresado que se trata de «un esfuerzo inversor sin precedentes que marcará un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país y que nos permitirá una España mucho mejor preparada para los desafíos que están por venir».

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