La Diputación de Cuenca ha culminado el año 2024 con un pleno extraordinario, en el que se ha aprobado de manera definitiva la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por los servicios de recogida y tratamiento de residuos. Esta nueva regulación ha sido validada tras rechazar las cinco alegaciones presentadas por el Partido Popular, que solicitaba su retirada.
El grupo popular, a través de su portavoz Cayetano Solana, ha expresado sus dudas respecto a la precisión de los informes técnicos y económicos que fundamentan la previsión del coste del servicio. Aunque ha reconocido el esfuerzo realizado por el servicio de Medio Ambiente de la Diputación en la elaboración de esta ordenanza, especialmente destacando la labor de la jefa del departamento, Ana Guerra, quien se ha jubilado con este último trabajo, Solana ha lamentado que la aplicación de la nueva tasa resulte en un aumento para todos los municipios, acusándolo de ser consecuencia de una ley impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, ha criticado que la aprobación de la ordenanza haya tenido que esperar hasta finales de año y que los cálculos no hayan considerado la inclusión de nuevos municipios en el contrato único de recogida de basuras a partir del 2025.
En contraste, el diputado de Medio Ambiente, Rodrigo Molina, ha defendido la validez de los informes técnicos que sustentan la ordenanza, que entrará en vigor el próximo año tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Desde el equipo de Gobierno se ha enfatizado que esta modificación era necesaria para adecuar la tasa a la normativa europea vigente.
El debate también ha contado con la intervención del presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, quien ha destacado que la futura construcción de una nueva planta de residuos, con una inversión proyectada de 45 millones de euros, tendrá un impacto positivo en la tasa y beneficiará a los vecinos de la provincia.
