La posibilidad de instalar grandes plantas de tratamiento de residuos orgánicos para producir biometano en Zarza de Tajo (Cuenca) y Santa Cruz de la Zarza (Toledo) ha generado inquietud entre los vecinos de ambos municipios. La empresa Poplac Development, S.L. estudia estas dos localidades como posibles emplazamientos, aunque todavía no ha detallado la capacidad de las instalaciones ni la cantidad de residuos que necesitarían para funcionar.
Así quedó reflejado durante una reunión informativa celebrada el pasado 26 de octubre en Zarza de Tajo, en la que representantes de la empresa explicaron sus planteamientos a los asistentes. Los colectivos Pueblos Vivos Cuenca y Stop Biogás Santa Cruz de la Zarza reclaman mayor transparencia y consideran imprescindible conocer las características de los proyectos y sus posibles consecuencias antes de que avance cualquier procedimiento administrativo.
La empresa no concreta la cantidad ni el origen de los residuos
El encuentro informativo se organizó a petición del alcalde de Zarza de Tajo, Pedro Antonio Belinchón. Durante la sesión, el representante de Poplac Development explicó que la localidad reúne condiciones favorables para una instalación de estas características debido a su cercanía a la autovía A-3 y a un gasoducto, infraestructuras que facilitarían tanto el transporte de materiales como la incorporación del biometano a la red gasista.
Sin embargo, varias de las principales dudas planteadas por los asistentes quedaron sin resolver. La compañía no especificó cuántas toneladas de residuos orgánicos necesitarían las instalaciones, cuál sería su procedencia ni qué capacidad de tratamiento tendrían.
Tampoco aclaró si Zarza de Tajo y Santa Cruz de la Zarza son dos opciones entre las que se escogería una ubicación definitiva o si existe la posibilidad de desarrollar ambos proyectos.
Durante la reunión, en la que participaron miembros de Stop Biogás Santa Cruz de la Zarza, también se cuestionó la necesidad de construir nuevas plantas teniendo en cuenta que ya existe una instalación de este tipo en Belinchón, situada a menos de 20 kilómetros.
Los colectivos recordaron igualmente que, en septiembre, la empresa promotora organizó una visita a una planta de biogás en Vire, en la región francesa de Normandía, a la que acudieron concejales de Zarza de Tajo, Santa Cruz de la Zarza y Manzaneque.
Según explican, aquella instalación pertenece a Agrigaz Vire, una entidad local integrada por unas 40 explotaciones agrícolas y ganaderas. Consideran que existe una diferencia respecto a los proyectos planteados por Poplac Development, ya que estos últimos no responderían a una necesidad local de gestionar residuos, sino a una iniciativa empresarial promovida por una compañía valenciana.
Los vecinos piden información antes de cualquier decisión municipal
La empresa tiene prevista una nueva reunión con agricultores para el martes 10 de noviembre, mientras que la plataforma Stop Biogás Santa Cruz de la Zarza ha organizado una sesión informativa para el 11 de diciembre, a las 19:30 horas.
En este encuentro está prevista la participación de Máximo Florín, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Toni Jorge, especialista en biometano y miembro de Ecologistas en Acción.
La actividad se ha planteado en el edificio del Ayuntamiento, aunque la plataforma señala que todavía no ha recibido confirmación municipal para utilizar las instalaciones.
Una de las principales preocupaciones vecinales es que los proyectos puedan someterse al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza antes de que se celebre esta sesión informativa.
Desde la plataforma también denuncian la ausencia de respuestas por parte de la Alcaldía e insisten en que cualquier decisión debería adoptarse después de facilitar a la población información completa y tiempo suficiente para analizarla y debatirla.
Dudas sobre los beneficios económicos y los puestos de trabajo
Durante la reunión del 26 de octubre, Poplac Development expuso algunas de las posibles ventajas económicas que, según sus previsiones, supondría la instalación de estas plantas para los municipios.
Entre ellas mencionó los ingresos derivados del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) durante la fase de ejecución y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a lo largo de una vida útil estimada de 20 años.
La compañía también habló de la creación de unos 25 puestos de trabajo, una cifra en la que se incluiría a los conductores encargados del transporte de residuos y del digestato, el material resultante del proceso de tratamiento.
Sin embargo, los colectivos vecinales cuestionan que estos beneficios sean suficientes para compensar las posibles consecuencias de recibir grandes cantidades de residuos orgánicos.
Pueblos Vivos Cuenca advierte de que las estimaciones económicas deben estudiarse con detenimiento, puesto que las empresas promotoras pueden beneficiarse de bonificaciones fiscales que reduzcan los ingresos inicialmente previstos para los ayuntamientos.
Asimismo, considera que no se ha explicado cómo se ha calculado la cifra de empleos anunciada y señala que estas previsiones suelen incorporar estimaciones optimistas de puestos de trabajo indirectos en otros sectores, como la hostelería.
Preocupación por los olores, el tráfico de camiones y el valor de las viviendas
Otra de las cuestiones que más inquietud genera entre los vecinos es el posible impacto de las instalaciones sobre su entorno.
Los asistentes expresaron su temor a que los municipios terminen recibiendo residuos procedentes de otros territorios, incluida la Comunidad de Madrid, y a que el movimiento de camiones y el tratamiento de grandes volúmenes de materia orgánica afecten a la calidad de vida.
También manifestaron su preocupación por una posible depreciación de las viviendas situadas en las zonas próximas a las instalaciones.
«No queremos convertirnos en un territorio de sacrificio», señalaron algunos participantes durante el encuentro.
En relación con los olores, la empresa aseguró que utilizaría sistemas de presión inversa para evitar que salieran al exterior. No obstante, Pueblos Vivos Cuenca reclama documentación técnica y garantías que permitan comprobar la eficacia de estas medidas.
El colectivo menciona como ejemplo los problemas que, según denuncia, están experimentando los vecinos de Casasbuenas (Toledo) por las molestias asociadas a una macroplanta que ya se encuentra en funcionamiento.
Temor a que las plantas favorezcan la llegada de nuevas macrogranjas
Pueblos Vivos Cuenca y Stop Biogás Santa Cruz de la Zarza también alertan sobre las posibles consecuencias que estas instalaciones podrían tener en el desarrollo ganadero de la zona.
Ambas organizaciones consideran que la demanda de residuos orgánicos necesaria para alimentar las macroplantas podría favorecer la aparición de nuevas explotaciones ganaderas de grandes dimensiones, generando un efecto llamada para la instalación de macrogranjas.
Por este motivo, insisten en que es necesario conocer previamente tanto el volumen de residuos que se tratarían como su procedencia y los posibles impactos sobre los municipios afectados.
Ana Muñoz, representante de Pueblos Vivos Cuenca, defiende que la información proporcionada por la empresa resulta insuficiente para que la ciudadanía pueda valorar las consecuencias de los proyectos.
“Una charla comercial no puede sustituir a la información rigurosa y realmente independiente. Los vecinos tienen derecho a saber qué residuos llegarán, a quién beneficiará esta actividad y qué riesgos asumirán sus pueblos”, señala.
Los colectivos mantienen así su petición de transparencia y reclaman que se analicen los posibles efectos de las macroplantas antes de que las administraciones municipales adopten decisiones sobre su futuro.
