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Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha realizado esta mañana una visita a la ciudad de Cuenca. Ocasión que ha aprovechado para reunirse con el alcalde, Darío Dolz.

Ministro de Interior visita Cuenca

El ministro de Interior,  acudía a la ciudad de Cuenca, para inaugurar el Encuentro de Directores de Centros Penitenciarios de España en el Teatro Auditorio de Cuenca. Evento que se celebrará durante tres días en la capital conquense.

Además, ha aprovechado la ocasión y ha dado un paseo por el maravilloso Casco Antiguo.

Aprender las técnicas de apuntalamiento en situaciones de emergencia para evitar que edificios, terraplenes o zonas en peligro de derrumbe puedan venirse abajo poniendo en riesgo vidas humanas, ha sido el objetivo principal del curso que se ha llevado a cabo recientemente en la Escuela de Protección Ciudadana de Catilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Un total de 20 integrantes de los cuerpos de salvamento, extinción y rescate de diversos parques de la Comunidad Autónoma han participado en esta acción formativa, con el fin de poder hacer frente a todas aquellas situaciones de emergencia en las cuales el derrumbe de estructuras pueda suponer un peligro.

En este sentido, los participantes han tenido que aplicar técnicas de apeos y entibación de estructuras, en función de las necesidades del terreno y de los supuestos riesgos de derrumbe que presentaban los edificios y terraplenes propuestos en los ejercicios.

También los miembros de los grupos de extinción y rescate presentes en el curso han aprendido la secuencia de acciones a llevar a cabo ante situaciones de riesgo inminente de derrumbe, con el fin de interiorizar un sistema lógico de intervención. Una enseñanza que ha ido pareja con el manejo de las herramientas necesarias, así como la creación de los apuntalamientos y embridados.

Una parte importante de esta formación ha sido aprender la correcta evaluación del incidente en el que se pretende actuar, zonificando el entorno, planificando los rescates rápidos y valorando convenientemente las necesidades del trabajo a realizar.

Por último, y no menos importante, los monitores y especialistas del curso, procedentes del parque de bomberos del Ayuntamiento de Albacete, han insistido en la enseñanza de las medidas de prevención de riesgos laborales, que en todo momento deben observar los intervinientes en este tipo de emergencias para salvaguardar su propia integridad física.

De los 20 bomberos que han participado en este curso de formación continua llevado a cabo por la Escuela de Protección Ciudadana, 13 proceden de la provincia de Toledo, concretamente de los parques municipales de Talavera de la Reina, Ocaña y la capital regional, así como del Consorcio provincial; cuatro de la provincia de Albacete, tanto de la propia capital como de los parques provinciales; dos del Servicio Municipal de Extinción del Ayuntamiento de Guadalajara y uno del Consorcio provincial de Cuenca.

Mirando atrás y repasando la historia de las mujeres rurales en las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestra región es motivo más que suficiente para justificar los avances y medidas legales que se están tomando para potenciar la actividad de las mujeres. El día internacional de las mujeres rurales, que se celebra anualmente el 15 de octubre, es un día para reivindicar y visibilizar las figuras que son ejemplo en el sector, así como las posibilidades que tienen las explotaciones familiares para esto.

En el marco de la celebración internacional de las mujeres rurales de FADEMUR en Toledo, Bárbara Herráiz Blais de Abia de la Obispalía, un pueblo de menos de 70 habitantes en la provincia de Cuenca, explicó en una mesa de experiencias con otras emprendedoras de toda España qué la motivó a acogerse a la figura de Titularidad Compartida, así como los condicionantes que implica, porque no todo es color de rosa, Bárbara matiza que “la gente no se confunda con que cualquiera puede hacerlo así, de la nada, pues hay que cumplir unos requisitos y, por ejemplo, dependiendo del tipo de explotación, no se puede empezar desde cero así como así, diciendo me compro unas hectáreas y un tractor y ya”.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, lleva varios años apostando por la titularidad compartida, un camino para transformar en ley lo que sucede en las explotaciones agrícolas y ganaderas desde hace año. Es sencillo decir que, a igual trabajo, iguales condiciones, algo que de manera tradicional no sucedió. Por eso los ejemplos como el de Bárbara y Salva estén ayudando a emprendedoras de otras regiones; ya que sigue siendo una figura que carece de la publicidad necesaria. Pero claro, una situación que necesita mejorarse como ellos mismos indican, “hay muchas personas que sí serían buenas candidatas a acogerse a esta figura; como quienes ya están trabajando en el campo, pero sin que se les reconozca. O, como en mi caso”, explica recordando que, durante su ponencia, mujeres de otras comunidades le pidieron consejo sobre cómo acogerse a la titularidad compartida.

Bárbara llegó al sector debido a su relación con Salva, su pareja, procedente de otros sectores profesionales. Una vez dio el salto entendieron que era el momento de formalizarlo a nivel legal. Entre otras cuestiones que motivaron a Bárbara entendió de manera clara la necesidad de profesionalizar su actividad en la explotación. Por supuesto, estos pasos facilitan visibilizar el trabajo de las mujeres como ella, así como el fomento de la igualdad y la mejora la calidad de vida en el medio rural. “Es algo que nosotros tenemos claro, por eso hemos dado este paso; sabemos que si más personas lo hicieran mejorarías cuestiones como más personas en el medio rural, los colegios, los servicios, entre otras”, afirma Bárbara desde su explotación de cereales en Abia de Obispalía.

La figura de la titularidad compartida tiene entre sus objetivos, paliar la situación de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario y las consecuencias negativas que de ella se derivan, una norma que está en vigor desde el 5 de enero de 2012. En la actualidad en Castilla-La Mancha hay 221 explotaciones acogidas a la titularidad compartida, la segunda comunidad con más titularidades compartidas de España. Por provincias, 12 en Guadalajara, 35 en Albacete, 51 en Toledo, 57 en Cuenca y 66 en Ciudad Real.

Los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León han puesto en común esta tarde, en un encuentro celebrado de forma telemática, un informe elaborado por una consultora en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para las empresas en Cuenca, Teruel y Soria, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.

El estudio facilita al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. Se culminaría así el trabajo que los tres gobiernos autonómicos llevan meses realizando para que sean realidad estas bonificaciones, que atraerían y consolidarían empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción.

Este encuentro se produce tras conocerse que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluye, en el articulado de la Ley, el mandato al Gobierno de España para establecer las ayudas estatales de finalidad regional para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel dentro del marco establecido a nivel europeo.

La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado –como es el caso de comarcas de la provincia de Guadalajara en Castilla-La Mancha-, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.

De este modo, según el informe elaborado por una consultora, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6 por ciento, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20 por ciento de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,30 por ciento, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20 por ciento de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.

Las ayudas estarían vigentes en tanto en cuanto sean compatibles con la normativa europea. No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona. Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.

Entre los requisitos estaría la incorporación efectiva al Sistema RED, de remisión electrónica de datos o hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda.