La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha anunciado este viernes la desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación laboral de inmigrantes que operaba principalmente en fincas de Albacete. La operación se puso en marcha en junio de 2024 a través de un grupo operativo mixto conformado por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo. Gracias a este esfuerzo, se han podido rescatar a 30 víctimas de la red, las cuales se encontraban en situación irregular, y se han detenido, hasta ahora, a cuatro personas.
Tolón explicó durante una rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno de Albacete que esta organización criminal se dedicaba a captar ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad con el fin de explotarlos en fincas agrícolas, principalmente en Albacete, pero también en las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Jaén. Según la delegada, las víctimas eran alojadas en condiciones deplorables y obligadas a trabajar en circunstancias muy duras. Además, se les cobraba por estos servicios, generando deudas a las víctimas que se veían obligadas a pagar y que temían denunciar debido a su situación irregular.
Las operaciones llevaron a la realización de seis registros en cinco domicilios en Albacete y en uno en la localidad de Casas de Juan Núñez, donde se intervinieron varios teléfonos móviles, material informático, así como documentación fraudulenta que acreditaba la actividad delictiva. Se bloquearon 15 cuentas bancarias y se confiscó un total de 35.000 euros.
Tolón advirtió que no se descarta que haya más detenciones en el futuro, dado que el caso permanece abierto, aunque los principales presuntos responsables de la organización ya han sido puestos a disposición judicial. La mayoría de los explotados eran ciudadanos de origen africano, principalmente senegaleses, quienes se vieron forzados a convivir en condiciones de hacinamiento en una finca afectada por humedades, como se mostró en un vídeo durante la rueda de prensa.
Antonio Bueno, comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Albacete, aseguró que se intentará regularizar a las víctimas rescatadas, de acuerdo con la ley. También comentó que las redes criminales como esta se aprovechan de ciudadanos en situación irregular, extrayendo más beneficios al cobrarles tasas por alojamiento y comida en condiciones precarias, sabiendo que no se atreverán a protestar por miedo a represalias o deportaciones.
En el mismo evento, Tolón realizó un balance de seguridad del cuarto trimestre de 2024 en Castilla-La Mancha, destacando que la región presenta un índice de criminalidad 10,8 puntos por debajo de la media nacional. En la provincia de Albacete, el índice se sitúa en un 39,7%, lo que representa una disminución de 0,6 puntos respecto al año anterior y 10,7 puntos menos que la media nacional. La delegada subrayó el trabajo de los cuerpos de seguridad y la rápida resolución de infracciones penales, que han aumentado del 42,7% en 2023 al 44,5% en 2024, finalizando con el compromiso de seguir trabajando para mejorar aún más estos datos.
