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La Guardia Civil de Guadalajara ha procedido a la detención de un individuo de 27 años, de nacionalidad rumana, en relación con una serie de robos de cable del tendido telefónico en la provincia. El arresto se llevó a cabo en el término municipal de Gajanejos después de que el sospechoso fuera sorprendido conduciendo de manera irregular y a alta velocidad en la Autovía del Nordeste.

Sobre las 19:00 horas del pasado miércoles, una patrulla que se encontraba cerca del kilómetro 110 de la Autovía del Nordeste avistó el vehículo, consiguiendo darle alcance en el kilómetro 89 de la autovía A-2. Durante el proceso de identificación del conductor, los agentes detectaron un fuerte olor a plástico quemado proveniente del interior del vehículo.

Una inspección más detenida reveló en el maletero la presencia de cable de cobre pelado, que había sido despojado de su recubrimiento a través de la combustión. Además, se encontraron herramientas como un cortafrío, picos y una linterna, así como guantes y ropa que se cree fueron utilizados para cometer los robos.

El historial delictivo del detenido incluye antecedentes por delitos similares en diversas provincias de España, entre ellas Cuenca, Soria, Madrid y Guadalajara. Se ha establecido un vínculo entre este individuo y un incidente previo en el que un vehículo se fugó al intentar ser interceptado cerca de un lugar donde había tenido lugar la quema de cable de cobre.

Las pruebas apuntan a que el detenido estaría implicado en al menos seis robos de cable ejecutados en los municipios de Mazarete, Salices de la Sal, Anguita, Canredondo, Sotodosos, Gárgoles de Abajo y Trillo. La suma total de los daños provocados y el valor de los materiales sustraídos se estima en unos 140.000 euros.

La Guardia Civil, tras estos hechos, ha formalizado la detención del sujeto como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza, quedando a disposición de las autoridades pertinentes para el desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.

La memoria anual de Amiab, entidad de la Economía Social reconocida por su utilidad pública, revela su impresionante trayectoria en el ámbito laboral, especialmente entre personas con discapacidad. Según los datos recientes, la plantilla de Amiab asciende a 1.847 trabajadores, complementada con otras 202 personas con discapacidad integradas en diferentes empresas del mercado ordinario. La organización se destaca por tener un promedio del 77% de empleados con algún tipo de discapacidad.

Este importante Grupo Social ocupa el segundo lugar en España en la categoría de Centros Especiales de Empleo, tal como refleja el ‘Informe de las empresas más relevantes de la economía social 2022-2023’ efectuado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes). Con 27 centros de trabajo repartidos a nivel nacional, demuestra su compromiso con la inclusión laboral.

Las mujeres representan el 54% de la plantilla de Amiab, mientras que los hombres constituyen el 46%, manteniendo una distribución de género bastante equilibrada. Al mismo tiempo, la entidad supervisa el proceso de inclusión laboral de 4.432 personas, observando un incremento del 32.65% en comparación con el año anterior, lo cual refleja un crecimiento constante gracias a las iniciativas de prospección laboral, sensibilización y capacitación.

La entidad se ha centrado en la expansión de sus servicios, con una atención particular en áreas rurales. El Servicio de Capacitación, que se encarga de reforzar la integración laboral, cuenta con presencia en Albacete, Cuenca y Villamalea y durante el 2023 ha conseguido firmar 34 contratos para personas usuarias del servicio.

El esfuerzo formativo de Amiab ha quedado patente con la impartición de 45.391 horas de formación durante el último año, lo que representa un incremento del 124,75% respecto a 2022, resultando en 657 contratos directos y un aumento del 38% con respecto al año anterior. Asimismo, se llevaron a cabo 7.002 acciones en Unidades de Apoyo, divididas entre acciones psicosociales, acciones laborales, formativas y de ocio deportivo.

En términos de acción social, Amiab cuenta con servicios como ‘Sepap Mejora-T’ en Puertollano, un programa dirigido a personas con reconocido grado I de dependencia, y en ocasiones grado II, proporcionando sesiones de psicología, fisioterapia y terapia ocupacional. Este servicio ha sido de gran ayuda para 28 personas con dependencia en 2023. Además, el centro en Puertollano ofrece dos salas de estimulación infantil destinadas a niños y jóvenes con discapacidad.

El compromiso de Amiab con las comunidades rurales se manifiesta a través de proyectos en La Manchuela albaceteña, como en Villamalea, donde buscan promover la vida independiente y una sociedad inclusiva, respetando las decisiones de las personas con discapacidad sobre su lugar y modo de vida.

En el ámbito deportivo, Amiab ha cosechado éxitos a través del equipo BSR Amiab Albacete, campeones de la Champions Cup en Bemmel, Países Bajos, además de ostentar el título en la Liga Nacional de División de Honor y otros reconocimientos en la temporada. El club deportivo Amiab también ha participado en otras disciplinas con notables resultados, como el atletismo adaptado, donde en su debut en el Campeonato Regional organizado por FECAM consiguieron 10 medallas.

Para culminar con los logros deportivos, la entidad celebró la I Carrera Inclusiva en Cuenca con una participación destacada y el atleta Rafael Botello logró campeonatos nacionales en múltiples pruebas de atletismo, además de participar en maratones internacionales como las de New York, Boston y Londres, lo que subraya el compromiso de Amiab con la promoción del deporte como parte esencial de su filosofía.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha declarado que la propuesta del Gobierno regional de promover el Parque Natural del Alto Tajo a la categoría de Parque Nacional se encuentra en pausa. Según Martínez Guijarro, la propuesta no ha logrado reunir “el consenso necesario” entre todas las administraciones implicadas.

Esta afirmación tuvo lugar tras ser consultado por la prensa en el marco de una rueda de prensa en Campillos Paravientos, provincia de Cuenca. El vicepresidente ha insistido en la importancia de la unanimidad a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “La generación de estos espacios tiene que venir con absoluto acuerdo del territorio”, señaló Martínez Guijarro.

A pesar de la falta de acuerdo para la conversión del espacio en Parque Nacional, ha querido dejar claro que la protección del Parque Natural del Alto Tajo está asegurada bajo su designación actual. La creación de un Parque Nacional, una figura de protección superior, debe ser un proceso “consensuado”, subrayó el vicepresidente, haciendo hincapié en que sin el nivel adecuado de acuerdo entre las partes, el proyecto no puede avanzar.

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, junto al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, han dado a conocer el operativo antiincendios para este verano destinado a la lucha contra los fuegos en la región. El dispositivo cuenta con la participación de más de 2.700 efectivos y un despliegue de 249 medios, incluyendo 29 aéreos y 115 torres de vigilancia. La iniciativa está financiada con 115 millones de euros, de los cuales 55 se han destinado a acciones preventivas.

El anuncio se realizó en la base aérea del Plan Infocam de Campillos Paravientos, en Cuenca, donde se destacaron los casi 30 medios aéreos disponibles. Entre ellos se cuentan dos helicópteros Super Puma, aptos para transportar a 19 personas y con una capacidad de carga de agua de 3.000 litros, y cuatro aviones anfibios capaces de transportar 3.100 litros. El operativo aéreo se completa con 19 helicópteros ligeros ‘koala’, un avión de carga en tierra y dos aviones de coordinación, además de 13 brigadas helitransportadas.

En cuanto a los recursos terrestres, el dispositivo incluye 220 medios, con 51 brigadas de bomberos forestales, 89 autobombas y 40 de estas incorporadas recientemente mediante fondos europeos. El equipo se refuerza con 50 camiones con capacidad de 3.500 litros, autobombas diseñadas para 4 o 5 integrantes y 3.500 litros; 45 patrullas móviles con vehículos todoterreno, 5 nodrizas con capacidad de hasta 14.000 litros de agua y dos unidades móviles de comunicaciones. A esta dotación se le añaden 17 equipos de maquinaria pesada y un dron especializado con cuatro pilotos formados para trabajar en el perimetrado de incendios.

Mercedes Gómez enfatizó en la relevancia de la prevención y la colaboración ciudadana para evitar incendios. Detalló las labores selvícolas en invierno y primavera para reducir la masa vegetal en áreas de riesgo y mencionó las más de 6.400 hectáreas barridas y las 300 hectáreas quemadas para disminuir el material combustible. Además, se informó sobre el fortalecimiento del servicio de extinción en la provincia de Cuenca, con un 9% más de inversión y 54 medios a disposición.

José Luis Martínez Guijarro, por su parte, se refirió al dispositivo como uno de los “mejores del mundo” y destacó su modernidad, agilidad y referente a nivel nacional e internacional. Mencionó la colaboración con Chile y la formación ofrecida a técnicos europeos en la región. Reiteró la importancia de la prevención, apoyada con más de 50 millones de euros, y la campaña ‘Contra los incendios, implícate’, que busca aumentar la concienciación y precaución ciudadana.

Para concluir, el vicepresidente indicó que se mejorará la información proporcionada a la población mediante un portal web con datos diarios sobre el índice de propagación potencial en los municipios de Castilla-La Mancha. A pesar de las lluvias de primavera, que podrían reducir el índice de propagación, instó a extremar las precauciones en toda la región.

La Audiencia Provincial de Cuenca acoge este martes un juicio que sitúa en el banquillo a A.M.K. y C.I., dos acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la estafa electrónica. La Fiscalía, basándose en hechos registrados entre agosto de 2007 y diciembre de 2009, les acusa de engañar a varias personas a través del envío masivo de correos electrónicos que simulaban ser de entidades bancarias legítimas.

Los informes de la fiscalía, a los que Diario CLM ha tenido acceso, detallan cómo los estafadores empleaban programas especializados que les permitían simular la identidad de bancos para solicitar de manera fraudulenta las claves de acceso a la banca en línea. Las víctimas, engañadas al pensar que estaban respondiendo a una solicitud legítima de su banco o caja de ahorros, proporcionaban sus datos de seguridad.

Después de que los incautos clientes introdujeran sus datos, estos eran automáticamente enviados a cuentas de correo controladas por la red delictiva. Con esta información, los miembros del grupo accedían a las cuentas bancarias de sus víctimas, llevando a cabo transferencias no autorizadas a cuentas de otros implicados en la trama.

Una de las pistas que ayudaron en la investigación fue que algunos de los movimientos fraudulentos se realizaron desde un terminal informático ubicado en la localidad de Quintanar del Rey.

El proceso judicial se centra únicamente en A.M.K. y C.I. Los demás participantes de la organización han eludido la acción de la justicia, ya sea por huir del proceso legal o por haber fallecido.

Ante los delitos de asociación ilícita y estafa, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para C.I., desglosada en dos años por cada acusación. Por su parte, A.M.K. enfrenta una posible condena de tres años. El veredicto del juicio es esperado con interés, considerando la sofisticación y el impacto de este caso de fraude electrónico.

En un reciente curso organizado por la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Consejo General del Poder Judicial, celebrado en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca, se han abordado los desafíos que suponen los fenómenos interempresariales y las relaciones laborales actuales, así como la necesidad de adaptar la legislación laboral a estas realidades cambiantes.

La jornada contó con la presencia de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien señaló la importancia de este tipo de encuentros para “intercambiar posiciones y escuchar los comentarios de los magistrados”, a la vez que proporcionar a estos una visión desde la perspectiva de UGT. Álvarez destacó asimismo la labor crucial de los servicios jurídicos del sindicato, que emplean a más de 450 trabajadores encargados de enfrentar los retos que surgen diariamente a nivel territorial, asegurando que desde UGT se esfuerzan por mantener su capacitación al día.

Uno de los temas centrales del debate fue la próxima resolución del Comité de Derechos Sociales de Europa, aún pendiente de publicación. Según Álvarez, que ha tenido acceso a su contenido, promete traer novedades en cuanto al coste del despido, algo que ya ha comenzado a ser considerado por algunas jurisdicciones nacionales. Álvarez anticipa que esta resolución tendrá un carácter ejecutivo y vinculante y espera que pueda desembocar en un diálogo con el Gobierno y los representantes empresariales y sindicales para su integración en el marco jurídico español.

El curso también abordó la problemática de los cierres empresariales, tema sobre el cual Álvarez se refirió al caso de Saint-Gobain en Asturias, describiendo la situación como un “abuso desproporcionado” de una legislación española que pone en desventaja a los trabajadores. En este contexto, UGT plantea medidas legales y urge a la reforma legislativa.

Por parte del Consejo General del Poder Judicial intervino Antonio Sempere, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, quien reafirmó el valor de este tipo de eventos para el “enriquecimiento recíproco” y la actualización continua, destacando el “excelente clima de entendimiento” histórico entre ambas instituciones.

En definitiva, la jornada concluyó con un llamado a la reflexión sobre la legislación laboral, concebida originalmente para una relación directa entre empleado y empleador, pero que ahora debe considerar complejidades como franquicias, subcontrataciones, externalizaciones y cesiones ilegales, situaciones que demandan un esfuerzo por parte del ámbito jurídico para adecuar las leyes a la realidad actual del mercado laboral.

Un reciente curso analizó las complejidades del entorno laboral moderno y la necesidad de adaptar la legislación a estas nuevas realidades. Organizado por la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Consejo General del Poder Judicial, el evento tuvo lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca capital y contó con la participación de figuras clave en el diálogo laboral.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, destacó la importancia del curso como un espacio para el intercambio de perspectivas entre juristas y el sindicato. Álvarez puso énfasis en la labor de los servicios jurídicos de UGT, los cuales cuentan con más de 450 trabajadores dedicados a resolver problemas laborales a nivel territorial.

El debate se centró en la resolución del Comité de Derechos Sociales de Europa, que se espera publicar en los próximos meses, a menos que el Gobierno español levante el veto actual. Álvarez indicó que, aunque ya conocía el contenido, resoluciones similares en Francia, Italia y Finlandia sugieren un cambio en la jurisprudencia en relación con los costos del despido. El objetivo sería llegar a un acuerdo de negociación con el Gobierno y agentes sociales para integrar esta resolución al marco legislativo español.

El curso también tocó el tema de los cierres empresariales, particularmente el caso de Saint-Gobain en Asturias, descrito por Álvarez como un “abuso desproporcionado” de las leyes laborales españolas, que, en su opinión, ofrecen una protección insuficiente a los trabajadores. UGT planea impugnar este tipo de prácticas mediante la vía jurídica y aboga por una reforma legislativa.

Antonio Sempere, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, resaltó el valor educativo recíproco de tales cursos para mantener un clima de entendimiento entre las instituciones judiciales y los agentes laborales.

El encuentro abordó la evolución del mercado laboral donde, frente a la tradicional relación laboral uno a uno, emergen estructuras empresariales más complejas con franquicias, subcontratas y externalizaciones, lo que desafía al sistema jurídico a actualizar las leyes para que reflejen de manera eficiente la realidad laboral actual.

La Diputación de Cuenca celebra los 20 años de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) con una exposición educativa en el Palacio Provincial, la cual se centra en sensibilizar y educar al público infantil sobre la prevención y consecuencias de los incendios forestales.

La exposición se compone de quince paneles que, de la mano del personaje animado “el conejo Fidel”, guían a los niños por el mundo de los bomberos forestales. Esta muestra interactiva proporciona información valiosa sobre cómo actúan estos profesionales ante el fuego, las causas que lo originan y las repercusiones que tienen en nuestros ecosistemas.

El presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, acompañado por Rodrigo Molina, diputado de Medio Ambiente, y José Antonio García Abarca, coordinador del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, ha realizado un recorrido por la exposición. Durante la visita, Martínez Chana ha observado de primera mano el recorrido educativo que proporciona la muestra sobre el cuidado y preservación del monte y las acciones que emprende la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) frente a emergencias, además de los esfuerzos de restauración del medio natural una vez controlado el fuego.

Según informaciones de la institución provincial, esta iniciativa está abierta al público durante todo el mes de junio y tiene como principal objetivo concienciar a los más jóvenes. Martínez Chana destacó la importancia de esta labor educativa, señalando que en una provincia como Cuenca “toda la sociedad, y especialmente los más pequeños, tenemos que ser conscientes del gran tesoro que tenemos en nuestra masa forestal”.

La exposición busca no solo fomentar el respeto por el entorno natural entre la infancia sino también fomentar una cultura de prevención y compromiso con el medio ambiente desde edades tempranas.

En una reciente intervención desde Cuenca, donde participaba en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha expresado su gratitud hacia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, por su rechazo a los comentarios despectivos emitidos por el presidente de Argentina, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

Álvarez ha defendido la posición de Garamendi, argumentando que los ataques de Milei no reflejan la postura ni la imagen del empresariado español. Detalló que el encuentro entre los directivos de la CEOE y el presidente argentino fue organizado por la embajada argentina, y no debe ser interpretado como un respaldo a las declaraciones de Milei. El líder sindical destacó que la CEOE se pronunció de forma clara y contundente, separando sus intereses empresariales en Argentina de cualquier simpatía política.

El secretario general de la UGT ha condenado la conducta del presidente Milei, calificando de inapropiado que éste haya visitado España sin una agenda oficial y haya optado por insultar a las autoridades españolas y a la ciudadanía. Álvarez ha hecho hincapié en la importancia de la democracia, tanto en España como en el resto del mundo, y ha señalado que la ideología que promueve Milei está distante de los valores democráticos occidentales.

Además, ha manifestado su apoyo a los sindicatos argentinos, manifestando preocupación por la dura situación económica que estas organizaciones y los ciudadanos de Argentina están enfrentando. Álvarez ha predicho que, basándose en las políticas económicas propuestas por Milei, la situación para la mayoría de los argentinos y argentinas podría empeorar.

Estas declaraciones se producen en el marco de un evento académico centrado en el fenómeno interempresarial en las relaciones laborales, organizado conjuntamente por UGT, el Consejo General del Poder Judicial y la citada universidad.