El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las críticas sobre la gestión de la pandemia, en especial sobre la compra de mascarillas, asegurando que todo el proceso se ajustó a la legalidad. En un encuentro con la prensa en Cuenca, afirmó que la adquisición de dichos insumos por parte de su departamento se efectuó con un «cumplimiento estricto de la Ley de contratos» y que se declaró la urgencia previamente, siguiendo los protocolos necesarios en una situación de crisis sanitaria.
Grande-Marlaska respondió así a las solicitudes formuladas por el Partido Popular, que pide su comparecencia en la comisión de investigación de las mascarillas en el Senado. El ministro expresó su «respeto absoluto a las decisiones del poder legislativo» e hizo hincapié en que tanto él como su departamento están «sujetos a su control».
Las declaraciones se produjeron en el marco de la firma del acta que da comienzo a las obras del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca, proyecto que supone una inversión gubernamental de más de 14 millones de euros. Este contexto sirvió para reiterar la transparencia y el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de la ley en todas sus actuaciones.
