Se presentan alegaciones a una nueva macrogranja porcina en Aliaguilla

Según el proyecto presentado la nueva macrogranja porcina de Aliaguilla tendrá capacidad para 2.496 cabezas, cebando anualmente más de 6.000 cerdos y su promotor es Alfredo Silla Huerta. La instalación se ubicará en la carretera de Aliaguilla a La Torre de Utiel, a poco más de 1 km de la ermita de San Antonio de Padua. Según la documentación aportada consumirá 13 millones de litros de agua al año y generará 5,4 millones de litros de purín al año.

Esta macrogranja viene a sumarse a las 24 ya existentes en la localidad, lo que arrojaría un total de 29.206 cerdos para una población de 644 habitantes. Ello supone una ratio de 45 cerdos por habitante. Incluyendo este proyecto, la cabaña porcina total de Aliaguilla generará anualmente 62,7 millones de litros de purín, suponiendo 212 toneladas de nitrógeno al año que necesitarán un mínimo de mil hectáreas para su dispersión (el 44% de la tierra de labor de Aliaguilla) y que consumirán 106 millones de litros de agua, el triple que toda su población.

ACEM Ecologistas de la Manchuela ha denunciado en repetidas ocasiones las carencias de la moratoria al porcino industrial aprobada por el gobierno regional hasta finales de 2024. Ello se evidencia en que, a pesar de esta moratoria, en la provincia de Cuenca se siguen tramitando numerosos proyectos.

La moratoria aprobada afecta a todas las instalaciones de porcino que tengan que someterse a autorización ambiental integrada. Según el Real Decreto Legislativo 1/2016 esto afectaría a todas las de más de 2.000 cerdos de cebo, pero el criterio que está usando la Junta de Comunidades aumenta el umbral a 2.500. Esta interpretación ha dado alas a la aparición de nuevos proyectos en diversas localidades. Los casos más recientes son los de Mira, Portalrubio de Guadamejud y Moncalvillo de Huete. Estos dos últimos, que han despertado una gran contestación social, además se han presentado como un fraccionamiento de un proyecto anterior.

Desde ACEM Ecologistas de la Manchuela se afirma que esta es la consecuencia de la dejación de funciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha mirado para otro lado mientras favorecía los intereses de un sector industrial altamente contaminante, que apenas genera empleo y que concentra la riqueza en unos pocos.

Desde la Asociación Pueblos Vivos Cuenca se lamentan que “se haya dejado pasar la oportunidad de dictar una moratoria real que permitiera abrir un debate sosegado sobre las consecuencias sociales y ambientales de la proliferación sin planificación del sector y del deterioro ambiental, hídrico y climático. Por ello el ejecutivo de Page debería dejar de lado su cortoplacismo e intereses puramente electoralistas”. Ambas asociaciones exigen que se respete el Decreto Legislativo 1/2016 y que no se permitan la rebaja de 4 cabezas del límite para una autorización ambiental ni el fraccionamiento de proyectos.

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