Este miércoles se llevará a cabo el juicio contra J.S.S. en la Audiencia Provincial de Cuenca, después de que el procedimiento se haya suspendido en dos ocasiones previas. El acusado se enfrenta a una posible pena de 12 años de cárcel por presuntos delitos de agresión sexual y acoso a su expareja. La suspensión del juicio se produjo a petición de la defensa, según informan fuentes judiciales a Europa Press.

Inicialmente, el juicio estaba programado para julio de 2024, pero tras la primera suspensión, fue reprogramado para el 12 de marzo de 2025, aunque también fue cancelado por solicitud del abogado del acusado.

El escrito de acusación de la fiscalía detalla que J.S.S. mantuvo una relación con la denunciante entre marzo de 2017 y enero de 2018, período en el que hubo varias interrupciones. En un episodio cercano a las navidades de 2017, ambos se encontraban en la cama del domicilio del acusador cuando él le exigió mantener relaciones sexuales. A pesar de la negativa de ella, que manifestaba no tener ganas en ese momento, él la agarró con fuerza y logró mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, aunque no se constató que le causara lesiones físicas.

Tras la ruptura de la relación, entre enero y abril de 2018, el acusado continuó contactando de manera incesante a su expareja, llegando a mostrar intenciones suicidas en algunas de las llamadas. Pese a que la mujer cambió de número telefónico, J.S.S. persistió en intentar mantener contacto con ella, incluso comunicándose con su padre y persiguiéndola por la ciudad de Cuenca. La situación culminó en la denuncia de la mujer por los reiterados y acosadores intentos de contacto.

Los hechos que se le imputan podrían ser considerados como un delito de agresión sexual, según los artículos 178 y 179 del Código Penal vigente en ese momento, así como un delito de acoso bajo el artículo 172 del mismo código. La fiscalía solicita una pena de diez años de cárcel por la agresión sexual y dos años por acoso, además de proponer una orden de alejamiento de hasta 14 años y una indemnización de 5,000 euros por daños morales a la víctima.