Unas 150 personas se manifestaron este jueves ante el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, en una protesta convocada por Stop Ganadería Industrial C-LM. Este colectivo agrupa a más de 30 movimientos vecinales de las cinco provincias de la región y exige que el Ejecutivo autónomo no reactive la concesión de licencias para la ampliación del número de macrogranjas.
Con lemas contundentes como «Page atiende, la Mancha no se vende» y «Quiero oler a pino, no a mierda de gorrino», los manifestantes solicitaron la atención del presidente regional, Emiliano García-Page. Denunciaron que la producción industrial de carne no solo carece de beneficios económicos para el territorio, sino que, además, amenaza la calidad de vida en los pueblos cercanos a estas instalaciones. Entre los problemas identificados se encuentran malos olores, impactos en la salud pública y la contaminación de aguas y suelos por excesos de nitratos.
Paciencia Talaya, miembro de la Junta de Stop Ganadería Industrial C-LM, afirmó que «el pueblo no quiere ese tipo de ganadería industrial porque solo nos trae ruina» y destacó que la carne producida se destina en su mayoría a la exportación, lejana de las necesidades locales. Talaya criticó la falta de atención del Gobierno hacia los intereses de los ciudadanos y exigió que se detengan las iniciativas que consideran perjudiciales para la comunidad.
La manifestación también estuvo marcada por la preocupación respecto a un plan de biometanización que el Gobierno regional ha propuesto, y que contempla la instalación de plantas de biogás en cercanía a las macrogranjas. Según los asistentes, esta normativa favorece a los empresarios del sector y podría facilitar la construcción de nuevas instalaciones de ganadería intensiva en la región.
Otro integrante del colectivo, Amparo Cuenca de Ecologistas de la Manchuela, recordó que la paralización de licencias para macrogranjas se dio tras una denuncia de la Unión Europea por incumplimientos en la protección de aguas. Criticó el reciente decreto sobre purines, argumentando que este pone en riesgo el ecosistema y la salud de la población al beneficiar a los ganaderos industriales a expensas de prácticas más sostenibles.
Los manifestantes temen que se reactiven las 61 licencias previamente paralizadas y expresan su inquietud por el futuro de Castilla-La Mancha debido a la proyección de 208 plantas de biogás. Estos colectivos alertan de que estas instalaciones podrían incentivar la creación de más macrogranjas y agravar las molestias para los habitantes de la región, poniendo así en riesgo el medio ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos.
