La Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de cárcel para F.A.R.H., acusado de un delito de agresión sexual hacia su expareja, en un juicio programado para este jueves 10 de julio en la Audiencia Provincial de Cuenca. Este caso se remonta a tres años después de la ruptura de la relación entre el acusado y la supuesta víctima, con quien tuvo tres hijos.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, F.A.R.H. y la víctima mantuvieron una relación durante varios años, y aunque decidieron de manera mutua cesar la convivencia en 2016, continuaron manteniendo relaciones esporádicas sin llegar a vivir juntos de nuevo.
Los hechos denunciados ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 14 de julio de 2019, cuando el acusado se presentó de manera imprevista en el hogar de la víctima, expresando su deseo de hablar con ella. Sin embargo, una vez dentro, adoptó una actitud violenta, recriminándole que no compartiera detalles de su vida personal y rompiendo el cristal de una puerta, así como causando destrozos en el mobiliario.
La situación generó un estado de temor en la mujer, quien, según la acusación, ya había sido víctima de agresiones físicas anteriores por parte del acusado, que había sido condenado en el pasado a ocho años de prisión por hechos similares.
Posteriormente, F.A.R.H. obligó a la víctima a subir a la parte superior de la vivienda. La sometió físicamente hasta llevarla a una de las habitaciones, donde la forzó a acostarse con él, logrando mantener relaciones sexuales en varias ocasiones a pesar de sus intentos de rechazarlo.
La Fiscalía considera que los hechos descritos constituyen un delito de agresión sexual según los artículos 179 y 178 del Código Penal, enmarcado en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Esta ley se interpreta en favor del acusado, de acuerdo a los principios del Derecho.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía requiere que se impongan circunstancias agravantes de parentesco y género, solicitando una orden de alejamiento de once años, libertad vigilada durante diez años y la prohibición de trabajar con menores por un período de dos décadas. Asimismo, se pide una indemnización de 6.000 euros por daños morales a favor de la víctima.
