El PP presenta en el Congreso una propuesta de marco regulatorio para asegurar la operación legal de la Tubería Manchega

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha lanzado una iniciativa con el objetivo de promover la optimización y la seguridad jurídica del trasvase Tajo-Guadiana, a través de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL). Esta propuesta pide que el Gobierno elabore una regla de explotación específica para esta infraestructura, conocida como la Tubería Manchega, con el fin de asegurar su desarrollo y brindar certeza en su uso a todos los usuarios implicados.

La proposición surge en un contexto donde se observa un aumento del uso reciente de la infraestructura. En abril de 2022, se autorizó una transferencia de 3 hectómetros cúbicos (hm3) destinada a satisfacer demandas de abastecimiento relacionadas con las pruebas iniciales necesarias para la reparación y adecuación del sistema. Tras esta acción, se han efectuado asignaciones mensuales de caudales para el abastecimiento urbano en junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2023, tal y como recopila la información de Europa Press.

La PNL hace énfasis en que el Plan Hidrológico del Guadiana señala a 49 núcleos urbanos con derechos asignados sobre los recursos hídricos de la cuenca del Tajo a través del trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, de estos, sólo 37 cuentan actualmente con la infraestructura necesaria para poder hacer uso de dichos recursos.

Por otro lado, se destaca que únicamente 12 de los 37 municipios han firmado el convenio de colaboración correspondiente para el servicio de abastecimiento de agua, lo que se traduce en un volumen de uso de 7,8 hm3 anuales.

Ante esta situación y considerando que la regulación del trasvase abarca numerosas disposiciones, el Partido Popular solicita la creación de una normativa específica que asegure y facilite el correcto funcionamiento del trasvase Tajo-Guadiana, promoviendo así la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de este recurso hídrico tan vital para varios municipios. La implementación de una regla de explotación podría ser un paso crucial para garantizar un uso justo y sostenible del agua, teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de las áreas afectadas.

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