El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Estado que «asuma el alto coste» que supondría cambiar el modelo de residencias en base a la propuesta del ministerio de Derechos Sociales porque la autonomía «no está dispuesta a asumir el incremento de la deuda que se generaría, e incluso se dispararía».
Así se ha pronunciado este viernes el vicepresidente de la región, José Luis Martínez Guijarro, durante una visita al monte de Los Palancares, en Cuenca.
En la rueda de prensa, el número ‘dos’ del Ejecutivo autonómico ha asegurado que toda propuesta que vaya a mejorar la capacidad asistencial de las personas que están en situación de dependencia «es bueno a priori», pero ha pedido «tener mucho cuidado» en cómo se plantean las cosas.
«Castilla-La Mancha es de las regiones con mayor número de plazas en residencias, y un cambio radical en el modelo puede generar dificultades en la gestión que se está llevando ahora a cabo», ha expresado.
Así, ha incidido en que en la actualidad «hay una magnífica colaboración público-privada» en la atención a la dependencia, «un modelo que ha funcionado, funciona y tiene que seguir de cara a futuro».
Por eso, Martínez Guijarro ha recordado que esta semana la región ya se posicionó en contra del planteamiento que estaba haciendo el Ministerio porque entienden «es un planteamiento inviable en el medio y largo plazo, sobre todo si no hay financiación».
«Si avanzamos hacia ese modelo, el Gobierno de España tiene que incrementar la financiación de una manera sustancial, porque se incrementaría de una manera importante el coste de gestión de cada una de esas plazas», ha asegurado el vicepresidente.
Eso sí, ha recordado que en Castilla-La Mancha el Estado «ya tiene una deuda en materia de dependencia de 500 millones de euros», por lo que la Junta «no está dispuesta a que esa cantidad vaya incrementando año tras año e incluso que se pueda disparar con las decisiones que tome el Ministerio».
Martínez Guijarro se ha mostrado partidario de que estas decisiones «tienen que ser consensuadas con el conjunto de las comunidades autónomas y no se puede pretender dar un cambio radical en un modelo que ha funcionado muy bien en nuestro país y en concreto en nuestra Comunidad autónoma».
«El modelo público privado es un modelo que durante muchos años ha funcionado muy bien y estamos dando buenos servicios en la atención a las personas en situación de dependencia», ha reiterado.
ATC VILLAR DE CAÑAS
Por otro lado, Martínez Guijarro ha sido preguntado por la opinión que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación al Congreso que tuvo lugar este pasado martes en la localidad conquense de Villar de Cañas, donde catedráticos en materia de ingeniería nuclear defendieron la idoneidad de instalar el ATC en Villar de Cañas como aprobó el Gobierno central en diciembre de 2011.
«Respetamos la opinión de estas personas que, si fueron a Villar de Cañas, era difícil que pudieran decir otra cosa», ha argumentado el vicepresidente.
De esta forma, ha recordado que el planteamiento del Gobierno regional «es muy claro: en Castilla-La Mancha no queremos ningún cementerio nuclear».
«Ya tenemos la contribución a la energía nuclear en Castilla-La Mancha, está más que cubierta», ha incidido, por lo que ha pedido que «si alguien quiere un cementerio nuclear, que se lo lleve a su localidad».
Martínez Guijarro ha asegurado, además, que no saben dónde viven estos catedráticos, «pero si el ATC es tan bueno, se lo pueden llevar a las localidades donde viven y que se lo planteen a sus ayuntamientos y a sus vecinos», ha concluido.
